Publicado en La Jiribilla.
El tema migratorio es, probablemente, el más antiguo dentro de la
evolución del conflicto bilateral Estados Unidos-Cuba después de 1959.
Desde el propio 1ro. de enero de ese año, la política migratoria hacia
Cuba fue convertida por el gobierno de EE.UU.
en instrumento de su política hostil, utilizado para promover la
desestabilización interna del país y desacreditar el proceso
revolucionario cubano.
EE.UU.
inserta el tratamiento del tema migratorio con Cuba en el esquema de la
Guerra Fría, que sigue el modelo descrito como efecto de la "olla de
presión". Se ha aplicado mediante una política inmigratoria de puertas
abiertas, que se inicia el 1ro. de enero de 1959 con la recepción
incondicional de una emigración comprometida con el régimen batistiano y
con los intereses estadounidenses en Cuba, y se amplía en años
posteriores con leyes y regulaciones que admiten de manera prácticamente
expedita a las personas de origen cubano que arriban a territorio
estadounidense por vías ilegales.
Tanto el proceso migratorio
Cuba-Estados Unidos, como los inmigrantes cubanos en ese país, se
convierten desde entonces en objetivos de la política estadounidense,
aprovechando la composición socioclasista y motivacional predominante en
esa emigración temprana.
Las normativas jurídicas que la
sustentan, se basan fundamentalmente en la "Ley para ajustar el status
de los refugiados cubanos a la de residentes permanentes legales de EE.UU.
y para otros fines", Ley Pública 89-732 (HR. 15183), conocida como Ley
de Ajuste Cubano, del 2 de noviembre de 1966, que aun está vigente, y se
ha ido complementando a través de otras leyes, decisiones ejecutivas,
disposiciones administrativas y judiciales. Por esta vía se ha ido
ampliando el alcance de la Ley de Ajuste Cubano y articulando el
complejo entramado jurídico de la actual política migratoria hacia Cuba.
Como argumento adicional, en 1996 se promulga el Acta de Libertad y Solidaridad
Democrática Cubana (Ley Pública 104-114), conocida como Ley LIBERTAD o
Ley Helms-Burton, con medidas que recrudecen el bloqueo y establece con
carácter de ley las condiciones de un pretendido cambio de sistema
político-económico en Cuba, como "transición hacia un gobierno
democrático". En ese mismo año, la Ley de Reforma de la Inmigración
Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (Ley Pública 104-208), dispone
que la revocación de la Ley de Ajuste Cubano estaría condicionada al
establecimiento de un gobierno "electo democráticamente", según los
patrones de la Ley Helms-Burton.
Esta política ha contado con el
apoyo y fomento de los representantes y organizaciones
contrarrevolucionarias de origen cubano en EE.UU.,
que acceden a los mecanismos del sistema político de ese país,
sustentados por el poder económico y mediático de los sectores
extremistas, con el fin de presionar a favor de los cursos más agresivos
de política hacia Cuba, aun contra los intereses de los inmigrantes
cubanos que supuestamente representan y de otros sectores de la sociedad
estadounidense, interesados en la normalización de las relaciones.
El
modelo de la "olla de presión" incorpora, bajo un enfoque integral,
elementos políticos, jurídicos, económicos, sociopsicológicos y
comunicacionales. Las regulaciones migratorias estadounidenses, cuyo
efecto es la tolerancia y el estímulo a la emigración irregular, se
combinan con la obstrucción de la migración legal y ordenada mediante la
manipulación de la política de otorgamiento de visados, en un escenario
de intensificación sistemática del bloqueo económico-comercial para
provocar la asfixia económica del país, el desgaste de la población y la
erosión de su confianza en la Revolución.
Se acompaña de los
medios de comunicación que diseminan mensajes para fomentar el
descontento y estimular desórdenes sociales que propicien los llamados
éxodos masivos, catalogados como amenaza a la seguridad nacional de EE.UU.
La
interrupción del flujo migratorio bilateral se convierte en un fenómeno
cíclico, que se inicia con la prohibición por el gobierno de EE.UU.
de los viajes de sus ciudadanos a Cuba a inicios de los 60 y con la
manipulación del otorgamiento de visados para los cubanos. Esta política
ha provocado situaciones de crisis migratorias en 1965 (Camarioca),
1980 (Mariel) y 1994 (la llamada "Crisis de los balseros"). Como
resultado, para finales del siglo XX se instaura, junto al problema de
la emigración irregular, el tráfico ilícito de migrantes, complejizando
la relación migratoria entre ambos países.
La migración irregular hacia EE.UU.
adquiere por demás desde 1959 dos modalidades poco referidas desde el
ángulo migratorio: los intentos de emigración mediante la violación del
perímetro fronterizo de la ilegal Base Naval de Guantánamo y mediante
acciones violentas de piratería aérea y naval con pasajeros a bordo, que
ponen en riesgo la vida de los migrantes y personas inocentes.
EE.UU.
intenta presentar a Cuba como responsable de este problema y encubrir
el papel de su política migratoria, de la Ley de Ajuste y la política de
pies secos/pies mojados, como los reales obstáculos para la
normalización del flujo migratorio entre ambos países.
La acción
de la Ley de Ajuste en particular, desde su origen obstaculiza cualquier
avance en el proceso de conversaciones para regular la migración de
forma ordenada, regular y segura y resulta por demás una paradoja legal y
un anacronismo político, a partir de la consideración del estado del
debate sobre la migración en el propio Estados Unidos.
Cuando se observa el escenario político de los EE.UU.,
se pone en evidencia que la Ley de Ajuste Cubano se ubica
contracorriente de los principales problemas migratorios que movilizan
la opinión pública y las agrupaciones sociales y políticas de ese país
después de los hechos del 11 de septiembre del 2001: la seguridad
fronteriza, que ha sido una prioridad del reordenamiento del sistema de
seguridad interna en ese país, y la reforma de la legislación
inmigratoria, para encontrar solución a una inmigración irregular, que
se estima puede llegar a superar los influjos de inmigrantes legales.
Mientras
el debate en torno a la reforma inmigratoria se dilata a nivel federal,
desde el año 2008 los estados de la Unión han aprobado más de 200 leyes
dirigidas a desestimular la inmigración irregular con medidas contra el
empleo de indocumentados y la restricción de su acceso a las ayudas
sociales.
Los medios de comunicación masiva que defienden los
intereses estadounidenses presentan y diseminan la imagen de que los
cubanos huyen de su país en estampida, por razones políticas. Así, en
los ejes de campaña contra Cuba, el mensaje principal sobre el tema
migratorio ha sido que la emigración es un problema de la Revolución,
encubriendo las reales causas que la produce.
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